Dos de cada cinco vehículos en corralones de CDMX permanecen abandonados permanentemente
El alto costo de los trámites y multas provoca que miles de propietarios prefieran abandonar sus automóviles en los depósitos vehiculares de la capital.
En la Ciudad de México, el 40% de los vehículos trasladados a los corralones tras operativos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana no son reclamados por sus dueños. Esta cifra representa una problemática recurrente en la capital, donde las tarifas por arrastre, almacenamiento y el pago de multas pendientes superan, en muchos casos, el valor comercial del propio vehículo. La acumulación de estas unidades genera un problema de espacio y gestión en los depósitos oficiales, transformando estos lugares en cementerios de metal.
El proceso para recuperar un vehículo involucrado en faltas al Reglamento de Tránsito implica una serie de pagos administrativos que se incrementan diariamente. Los propietarios deben cubrir el costo del servicio de grúa, el derecho de piso por día de estancia y la liquidación total de las infracciones acumuladas en el sistema. Según fuentes consultadas, para muchos ciudadanos el gasto total resulta incosteable, optando por dejar los automotores en las instalaciones de forma definitiva.
Ante esta situación, las autoridades capitalinas han planteado la necesidad de implementar programas de subasta o chatarrización para liberar espacio en los depósitos. Estas propuestas buscan despresurizar los corralones que operan cerca de su máxima capacidad, evitando la acumulación excesiva de unidades que sufren deterioro por la exposición a la intemperie durante años. La gestión de estos vehículos abandonados también responde a criterios de seguridad y orden urbano.
La problemática no solo afecta a los particulares, sino que también representa un reto logístico para la administración local. La dependencia encargada de la movilidad en la ciudad ha señalado que, tras cumplir los plazos legales establecidos, los autos que no son reclamados pasan a un proceso de disposición final. Este procedimiento se realiza bajo los marcos jurídicos vigentes para asegurar que la liberación de los predios se haga conforme a la normativa administrativa vigente en la entidad.
