Empleados sindicalizados de Nayarit denuncian represalias tras exigir prestaciones laborales

Trabajadores sindicalizados al servicio del estado de Nayarit han denunciado en las últimas semanas una serie de acciones legales emprendidas en su contra por parte de la Fiscalía General del Estado. Según los afectados, la administración del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero ha utilizado las instituciones de procuración de justicia para iniciar procesos penales contra quienes han participado en movilizaciones para exigir el cumplimiento de prestaciones laborales pendientes.

Los empleados señalan que, tras las jornadas de protesta, han sido notificados sobre carpetas de investigación abiertas bajo el cargo de apología del delito. Esta situación ha derivado en la separación de sus funciones y la pérdida de empleo para varios trabajadores, quienes consideran que los procesos judiciales constituyen una medida de presión política para inhibir la organización sindical y la exigencia de derechos adquiridos en sus contratos colectivos.

Representantes de los trabajadores han expresado que el clima laboral en las dependencias estatales se ha deteriorado significativamente ante la falta de canales de diálogo efectivo con las autoridades. Argumentan que las demandas se centran en el pago puntual de beneficios y la revisión de condiciones de seguridad social, temas que, a su juicio, han sido ignorados por los titulares de las secretarías correspondientes.

Por su parte, el gobierno estatal ha mantenido su postura sobre la legalidad de los procedimientos, argumentando que las acciones de la fiscalía responden a denuncias interpuestas por supuestas afectaciones al orden público. La tensión persiste en la entidad, mientras diversos gremios han solicitado la intervención de instancias federales y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para mediar en el conflicto y garantizar el respeto a los derechos de libre asociación y manifestación.

El conflicto pone de relieve la confrontación entre la administración estatal y el sector burocrático, en un contexto donde el Poder Judicial local deberá determinar la procedencia de las acusaciones. Mientras tanto, los trabajadores afectados han anunciado que continuarán con sus acciones de protesta pacífica hasta obtener garantías de seguridad laboral y la resolución de sus demandas económicas.