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Jufed advierte riesgos a la libertad de expresión por regulación de audiencias

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito cuestionó las propuestas actuales de regulación, señalando posibles afectaciones a derechos fundamentales.

Redacción Panorama de México
Foto: eleconomista.com.mx

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) emitió un pronunciamiento este miércoles 29 de julio de 2026, expresando su preocupación ante las recientes propuestas legislativas que buscan establecer nuevas regulaciones sobre las audiencias públicas. El organismo judicial hizo un llamado urgente a las autoridades federales para garantizar que cualquier modificación en el marco normativo respete estrictamente los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, especialmente la libertad de expresión y el acceso a la información.

El posicionamiento de la Jufed surge tras el análisis de iniciativas que, según los juzgadores, podrían limitar la transparencia en los procesos judiciales y restringir la labor de los medios de comunicación dentro de los recintos de justicia. La agrupación enfatizó que cualquier esquema de control debe evitar convertirse en un mecanismo de censura indirecta que inhiba la cobertura periodística o el escrutinio ciudadano sobre las decisiones de los tribunales en el país.

Representantes de la asociación señalaron que, si bien la gestión de las audiencias requiere orden, las medidas que se discuten actualmente carecen de un equilibrio necesario entre la seguridad de los procesos y el derecho de la sociedad a estar informada. Advirtieron que una regulación excesiva podría derivar en una opacidad que afectaría la confianza pública en las instituciones del Poder Judicial de la Federación.

Finalmente, la Jufed instó a los legisladores del Congreso de la Unión a abrir espacios de diálogo plural con expertos, periodistas y defensores de derechos humanos antes de avanzar en cualquier reforma. El llamado busca asegurar que el marco legal mexicano se mantenga alineado con los estándares internacionales de derechos humanos, evitando cualquier disposición que pueda ser interpretada como una restricción a las libertades civiles en el contexto actual.

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