La brecha digital persiste como reflejo de la desigualdad socioeconómica en México
El análisis de los niveles socioeconómicos de la AMAI revela cómo la conectividad sigue condicionada por las disparidades de ingresos en el país.
La Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión Pública (AMAI) ha reafirmado este 23 de julio de 2026 que el Nivel Socioeconómico (NSE) continúa siendo un indicador determinante para medir la brecha digital en México. Este modelo de segmentación, ampliamente utilizado por investigadores y empresas, permite observar cómo la capacidad de acceso a servicios de telecomunicaciones y dispositivos tecnológicos se distribuye de manera desigual entre las distintas zonas geográficas del territorio nacional.
En las zonas urbanas de mayor poder adquisitivo, la infraestructura de conectividad de alta velocidad se presenta como una constante que facilita el trabajo remoto y la educación a distancia. Por el contrario, en los estratos con menores ingresos, los usuarios dependen mayoritariamente de planes de datos móviles limitados y dispositivos con capacidades reducidas, lo que restringe significativamente su participación en la economía digital y el acceso a trámites gubernamentales en línea.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SCT) reconoce que, si bien la cobertura de redes ha experimentado un crecimiento constante, la calidad de la conexión sigue siendo una variable ligada al nivel socioeconómico de los hogares. Esta disparidad obliga a que las estrategias de inclusión digital deban considerar no solo la instalación de antenas, sino también la asequibilidad de los servicios para las familias de menores ingresos en zonas rurales y periferias urbanas.
Representantes de organismos especializados señalan que la brecha no se limita únicamente a la posesión de hardware, sino a la alfabetización digital necesaria para navegar en un entorno cada vez más automatizado. Mientras los sectores con mayores recursos integran herramientas de inteligencia artificial y servicios financieros digitales en su vida cotidiana, segmentos amplios de la población aún enfrentan barreras de entrada que limitan su competitividad laboral y su bienestar social.
Ante este panorama, diversas voces del sector público y privado coinciden en que la agenda de conectividad debe priorizar la reducción de costos operativos y el fortalecimiento de la infraestructura pública en comunidades rezagadas. La meta de alcanzar una conectividad universal requiere una coordinación estrecha entre los concesionarios de telecomunicaciones y el Gobierno Federal para garantizar que el acceso a la red sea visto como un derecho habilitador y no como un privilegio ligado al nivel socioeconómico.
