Proponen aumentar impuestos a bebidas alcohólicas para mitigar costos en salud
Organizaciones civiles y especialistas instan a la SHCP a elevar el gravamen al alcohol ante el impacto financiero que su consumo genera en el sistema de salud público.
Diversas organizaciones civiles y especialistas en políticas públicas han solicitado formalmente al Congreso de la Unión y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) un incremento significativo en el impuesto especial aplicado a las bebidas alcohólicas. La propuesta, presentada este martes, argumenta que los ingresos actuales por este concepto son insuficientes para cubrir los elevados costos que el sistema nacional de salud enfrenta al atender enfermedades y accidentes derivados directamente del consumo de alcohol.
Los promotores de esta iniciativa sostienen que los recursos destinados a la atención de padecimientos crónicos y servicios de emergencia en instituciones como el IMSS y el IMSS-Bienestar superan ampliamente la recaudación fiscal obtenida por la venta de estos productos. Según la postura expuesta, un ajuste en la política tributaria no solo desincentivaría el consumo nocivo, sino que permitiría fortalecer los presupuestos asignados a la prevención y al tratamiento médico en todo el país.
La propuesta contempla una revisión de las cuotas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), buscando que la carga fiscal sea proporcional al impacto social y económico que genera el consumo de alcohol en la población mexicana. Se enfatiza que el objetivo principal es mejorar la sostenibilidad financiera de los hospitales públicos, los cuales han reportado una alta demanda de atención relacionada con complicaciones de salud evitables.
El debate sobre esta medida se traslada ahora a las comisiones legislativas de la Cámara de Diputados, donde se espera que se analicen los impactos económicos tanto para el sector productivo como para la recaudación federal. Los impulsores de la reforma han señalado que mantendrán mesas de diálogo con las autoridades de la Secretaría de Salud para presentar evidencia técnica sobre cómo una política fiscal más estricta podría traducirse en una mejora tangible en la atención a los ciudadanos.
