Sheinbaum propone prohibir doble nacionalidad para ocupar presidencia y gubernaturas

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó este miércoles ante el Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional que busca establecer como requisito indispensable la nacionalidad mexicana exclusiva para quienes aspiren a ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo Federal y las gubernaturas de los estados. Esta propuesta legislativa tiene como objetivo central evitar posibles conflictos de interés o injerencias externas en la toma de decisiones estratégicas del país.

De acuerdo con la propuesta enviada por el Ejecutivo, el requisito de contar únicamente con la nacionalidad mexicana busca fortalecer la soberanía nacional y asegurar que el ejercicio de la función pública esté desvinculado de cualquier lealtad o compromiso hacia potencias extranjeras. La iniciativa, que ahora deberá ser discutida y votada en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, también contempla extender esta restricción para los titulares de las Secretarías de Estado que integran el gabinete legal.

Fuentes cercanas al proceso legislativo indicaron que la medida responde a una visión de seguridad nacional que prioriza la lealtad absoluta de los funcionarios públicos con el Estado mexicano. Se subraya que, en un contexto global de mayor interconectividad, es vital blindar los espacios de decisión política ante cualquier factor de influencia externa que pudiera comprometer los intereses del país.

La propuesta ha generado ya las primeras reacciones en el Congreso, donde se espera que los grupos parlamentarios inicien el debate técnico sobre el alcance y las implicaciones legales de esta modificación al texto constitucional. La administración federal ha sostenido que este requisito es una medida de salvaguarda institucional, necesaria para preservar la integridad de las instituciones democráticas frente a los desafíos geopolíticos actuales.

Finalmente, la iniciativa propone que los cambios sean aplicables a partir de los próximos procesos electorales, una vez que sea aprobada por el Constituyente Permanente. Con este movimiento, el Poder Ejecutivo Federal busca establecer una nueva norma de conducta para la clase política que aspira a los cargos de mayor jerarquía en la estructura del gobierno mexicano.